El Gobierno ha decidido ampliar el alcance del plan para cancelar deudas de obra pública, incluyendo ahora las obligaciones relacionadas al mantenimiento de rutas nacionales. Esta medida fue formalizada a través de la Resolución 3/2026, la cual fue publicada recientemente en el Boletín Oficial.
Con esta normativa, se incorpora al Régimen Simplificado de Extinción de Obligaciones de Contratos de Obra Pública las deudas derivadas de la adquisición de materiales y la provisión de servicios necesarios para la mantenimiento, conservación, operación y control de la Red Vial Nacional.
Esta ampliación beneficiará específicamente a las contrataciones realizadas por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), bajo los decretos de contratación del Estado 1023/2001 y 1030/2016. Las deudas que podrán ser incluidas son aquellas generadas entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025.
La nueva resolución, implementada por la Secretaría de Coordinación de Infraestructura, también aclara las condiciones de adhesión al régimen, con el objetivo de evitar futuras controversias administrativas o judiciales y proporcionar seguridad jurídica a los convenios establecidos.
En el diseño original del régimen, los contratistas que se adherían debían firmar un acta acuerdo que implicaba la renuncia a cualquier tipo de reclamo o crédito relacionado con el contrato. Sin embargo, con la nueva normativa, esta exigencia se limita exclusivamente a los créditos y reclamos devengados entre 2022 y 2025.
Además, se han exceptuado de esta renuncia las acreencias que provengan de certificados, redeterminaciones de precios o actos administrativos que aún estén pendientes de emisión, aprobación o dictado al momento de la firma del acuerdo. Esto asegura que las empresas contratistas que se adhieran al régimen mantendrán el derecho a reclamar por trámites que aún no han sido resueltos en las oficinas estatales.
Con el fin de facilitar la participación de más contratistas, el Gobierno ha prorrogado el plazo para solicitar la adhesión al régimen hasta el 12 de agosto de 2026, inclusive. Este régimen simplificado permite cancelar obligaciones del Estado mediante la entrega de títulos públicos, abarcando conceptos de certificados de obra, acopio de materiales y redeterminaciones de precios correspondientes al período mencionado.
Fuente: NA
