En un paso decisivo para la estabilidad institucional de San Martín de los Andes, el Concejo Deliberante ha aprobado por unanimidad el inicio del proceso de juicio político contra el intendente Carlos Saloniti, perteneciente al Movimiento Popular Neuquino (MPN). Esta decisión, adoptada recientemente, formaliza el procedimiento establecido en la Carta Orgánica Municipal tras las denuncias presentadas por vecinos de la localidad.
La solicitud que impulsó este avance fue presentada por la vecina Valeria López Oronoz, quien fundamentó su petición en seis puntos críticos que evidencian el mal desempeño y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entre las principales acusaciones se encuentra el colapso del sistema cloacal, donde López Oronoz destacó la falta de medidas ante la saturación de las plantas de tratamiento y los constantes vuelcos de efluentes sin tratar hacia el lago Lácar y los arroyos locales.
Además, se ha denunciado que el municipio enfrenta una deuda superior a los 1700 millones de pesos con el Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN), lo que ha conllevado cortes de suministro en varias dependencias públicas, incluido el propio Palacio Municipal. La falta de control sobre las obras de la concesionaria del Cerro Chapelco, realizadas sin licencia ambiental, también se menciona como un punto de conflicto.
La vecina objeta la elusión de audiencias públicas obligatorias en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y destaca registros infieles en el proceso participativo. Asimismo, se acusa al intendente de no acatar órdenes judiciales y de obstaculizar la labor de la Contraloría Municipal. «Como vecina de San Martín de los Andes, no puedo permanecer indiferente ante la degradación de nuestro entorno natural y la falta de respuesta institucional», expresó López Oronoz.
El impacto ambiental es un tema de alta sensibilidad en la comunidad. Recientemente, la exintendenta del Parque Nacional Lanín, Ana María de las Nieves “Monín” Aquín, advirtió sobre la extrema gravedad ambiental por el vertido de líquidos sin tratar en los arroyos Pocahullo y Calbuco, que afectan el ecosistema del lago Lácar. Aunque una mesa técnica provincial descartó un escenario de «contaminación masiva», las autoridades reconocieron que el sistema opera al límite de su capacidad debido a un déficit estructural de inversiones.
El defensor del Pueblo y del Ambiente, Fernando Bravo, ha manifestado su preocupación por el posible riesgo sanitario, especialmente durante la temporada estival. Los vecinos han expresado su descontento, indicando que «ya nos hemos acostumbrado a que el verano empiece con la playa cerrada por líquidos cloacales». La ONG Amigos de la Patagonia ha calificado la situación como un «delirio» y resaltado el impacto negativo en un recurso vital para la economía turística de la región.
Ante la gravedad de las acusaciones, el intendente Saloniti ha solicitado comparecer ante el Concejo Deliberante para presentar su descargo de forma pública. En este contexto, ha procurado demostrar gestión al reunirse con el Directorio del EPEN para acordar un plan de pagos y refinanciar la deuda eléctrica, además de resaltar la licitación de obras clave.
El Concejo Deliberante ha convocado a una sesión especial para el próximo 3 de septiembre, donde el intendente presentará su defensa. Este inicio de actuaciones no implica una destitución inmediata, sino la apertura de un mecanismo institucional de control que evaluará si existen pruebas suficientes para avanzar hacia una eventual remoción del cargo.
Fuente: La Nación
