El Impuesto sobre los Ingresos Brutos se ha consolidado como uno de los recursos más importantes para las provincias argentinas, pero a la vez se considera el más distorsivo dentro del sistema tributario nacional. Su origen se remonta al siglo XX, cuando las provincias y municipios comenzaron a implementar diversos gravámenes locales sobre la actividad comercial e industrial.
En 1904, la provincia de Buenos Aires introdujo la ley del Impuesto al Comercio e Industria, que gravaba las ventas directas y coexistía con distintas patentes y contribuciones. El Impuesto a las Actividades Lucrativas, sancionado en 1948, fue su antecedente directo, diseñado para reemplazar viejos tributos comerciales. Sin embargo, fue en 1977 cuando se adoptó la denominación actual, coincidiendo con la sanción del IVA.
Desde los pactos fiscales de 1993 y 1994, donde se acordó la eliminación o reducción de esta imposición, se ha mantenido su existencia en 24 jurisdicciones provinciales, afectando significativamente la competitividad empresarial. Este impuesto se aplica sobre los ingresos brutos, lo que genera un efecto de “cascada”, ya que se repite en cada etapa económica sin permitir la deducción del impuesto pagado anteriormente.
A pesar de que las exportaciones están exentas, el impuesto acumulado en etapas anteriores se traslada a los costos de los productos, impactando negativamente en la competitividad internacional. Además, grava los ingresos en lugar de la rentabilidad, lo que dificulta la llegada de nuevas inversiones.
La múltiple imposición en distintas jurisdicciones genera conflictos en la atribución de ingresos y gastos, y la diversidad de alícuotas y regímenes tributarios complica la administración para las empresas. Esto también puede impulsar la informalidad debido a la elevada y compleja carga tributaria.
La competitividad interna se ve mermada, ya que algunas provincias aplican alícuotas más altas, creando desventajas comerciales frente a competidores en otras jurisdicciones. La falta de transparencia en el sistema tributario se agrava por la traslación del impuesto a lo largo del circuito económico, dificultando la identificación de su impacto real en el precio final.
Según organismos internacionales como la OCDE y el Banco Interamericano de Desarrollo, los impuestos sobre ingresos brutos generan mayores distorsiones que el IVA, recomendando su reemplazo por tributos que graven el consumo o la renta. A pesar de ello, la Corte Suprema de Justicia de la Nación no ha declarado la inconstitucionalidad del tributo en casos que afectan al comercio interjurisdiccional o que vulneran principios constitucionales.
La mayoría de la doctrina especializada sostiene que el Impuesto sobre Ingresos Brutos es uno de los más distorsivos del sistema tributario argentino. Ante la posibilidad de una reforma impositiva integral, se sugiere considerar la eliminación de este impuesto, tomando como referencia sistemas fiscales de países federales como Alemania, Brasil, Canadá, Australia e India, que ofrecen alternativas sin necesidad de recurrir a un tributo similar al de ingresos brutos.
Fuente: La Nación
