El debate sobre el sistema de patentes en Argentina vuelve a cobrar relevancia a medida que el Congreso se prepara para discutir la estandarización y simplificación de la solicitud internacional de patentes. Aunque cada nación mantendrá la autoridad final sobre las solicitudes, el país enfrenta un grave rezago en este ámbito.
Desde 1998, el tema de las patentes ha sido objeto de discusiones en el Congreso, pero ha sido incapaz de avanzar debido a posturas irreductibles. Este nuevo impulso se vincula con el acuerdo de comercio e inversiones firmado entre el presidente Javier Milei y el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluye la adhesión al Tratado Internacional de Cooperación en materia de Patentes (PCT).
Hasta la fecha, 158 países, incluidas potencias como Estados Unidos, China y Alemania, han ratificado este tratado. Las reticencias de Argentina han estado fundamentadas en argumentos que tildan de populistas, sugiriendo que el PCT favorecería a empresas extranjeras y fortalecería monopolios en sectores como la farmacéutica y biotecnología. Sin embargo, el cambio podría beneficiar enormemente a las empresas tecnológicas locales y facilitar la internacionalización de startups.
La situación actual resulta notablemente desfavorable, ya que Argentina no solo está fuera del PCT, sino también del Protocolo de Madrid sobre marcas y del Protocolo de La Haya sobre diseños industriales. La falta de participación en estos convenios limita las oportunidades para el país en el ámbito de la propiedad intelectual.
Recientemente, la abogada chilena Loreto Bresky destacó en una entrevista que la posición de Argentina en el índice de patentamiento de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) es preocupante, ocupando el puesto 77 de 139 economías. A pesar de contar con un capital humano destacado y una sólida base en investigación, el país es superado en patentamientos anuales por naciones como Chile y Brasil.
En 2024, China lideró las solicitudes de PCT con más de 70,000, mientras que Estados Unidos presentó alrededor de 54,000. En comparación, Argentina registró solo 133 solicitudes, con el Conicet liderando con 114, seguido por la Universidad de Buenos Aires y Laboratorios Bagó. Estos números evidencian la necesidad de una revisión del sistema de protección de derechos intelectuales en el país.
La adhesión al Protocolo de Madrid podría permitir que las empresas argentinas protejan sus marcas en múltiples países a través de un único trámite, lo que reduciría costos y beneficiaría a las pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, la resistencia proviene de influencias corporativas y la oposición de algunos sectores empresariales.
Otro tema de discusión en el ámbito de la propiedad intelectual es la intención de Argentina de sumarse al UPOV-91, que regula la protección de nuevas variedades vegetales. Actualmente, el país opera bajo el UPOV-78, que otorga mayor flexibilidad a los fitomejoradores, generando tensiones entre productores y empresas semilleras.
La falta de avance en estos temas ha dejado a Argentina en una situación de rezago en comparación con otras naciones, lo que subraya la importancia de reconocer y adaptarse a los estándares internacionales en materia de propiedad intelectual.
Fuente: La Nación
