En un esfuerzo por proteger el último pulmón rural del conurbano, un grupo de vecinos y productores de la zona de Almirante Brown ha comenzado una campaña para preservar el Parque Rural, un territorio de aproximadamente 2600 hectáreas que enfrenta la presión de nuevos desarrollos urbanos. Lucía Chan y Fernando Capece, voceros de esta iniciativa, sostienen que la respuesta del municipio ha sido insuficiente, al señalar que el problema debe ser resuelto por los privados.
El Parque Rural se encuentra rodeado por el arroyo Las Piedras y presenta áreas agrícolas, ganaderas y espacios naturales que son vitales para la biodiversidad local. La propuesta de los vecinos incluye la creación de un biocorredor que conecte parcelas productivas y ambientales, así como la recuperación de espacios degradados y la conservación de los ecosistemas existentes.
Desde 2014, se han implementado ordenanzas que buscan preservar el carácter productivo y ambiental de la región, sin embargo, recientes modificaciones han permitido un aumento en el desarrollo residencial, según los críticos de estas reformas. El municipio argumenta que estas acciones buscan ordenar un territorio que ha sido transformado por décadas de urbanización.
Un estudio del Instituto de Geografía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resalta que la expansión de la urbanización en Almirante Brown ha alcanzado más de 600 hectáreas en los últimos años, lo que ha generado preocupación entre los residentes. Chan y Capece advierten sobre los riesgos que implican estas transformaciones, especialmente en relación con el manejo del agua y la capacidad de absorción del suelo, aspectos que son fundamentales para mantener el equilibrio ecológico de la zona.
La propuesta de los vecinos también incluye la preservación de áreas adyacentes al arroyo Las Piedras, exigiendo que se establezcan franjas de protección. Además, han denunciado subdivisiones de terrenos que no cumplen con las normativas establecidas y casos de venta de terrenos con problemas legales, lo que ha llevado a la confusión entre los compradores.
El municipio, por su parte, ha presentado un diagnóstico diferente, asegurando que las ordenanzas pertinentes han sido aprobadas con consenso y que cuentan con un plan de acción para abordar las irregularidades en el uso del suelo. Han informado sobre acciones legales en curso contra loteos irregulares y han destacado sus esfuerzos para preservar el ecosistema local.
Los impulsores del biocorredor continúan su lucha por la defensa de este espacio vital, buscando establecer un diálogo con las autoridades y explorar nuevas herramientas de protección ambiental. Sin embargo, hasta el momento, sus solicitudes de reuniones y respuestas han sido infructuosas. La situación en la zona sigue siendo delicada, mientras los vecinos se esfuerzan por definir qué partes del Parque Rural pueden ser salvadas del avance de la urbanización.
Fuente: La Nación
