La Justicia ha ordenado a la Casa Rosada que, en un plazo de cinco días, presente un informe detallado sobre la cantidad de hectáreas de tierras en la provincia de Buenos Aires que están bajo propiedad extranjera, así como su ubicación exacta. Adicionalmente, se ha impuesto la obligación de preservar todos los datos y documentos públicos relevantes acerca de las adquisiciones de tierras por parte de extranjeros en la región.
Esta medida cautelar fue concedida por el Juzgado Contencioso y Administrativo N°4 de La Plata, en respuesta a una solicitud realizada por la Defensoría del Pueblo bonaerense. El objetivo de esta acción es obtener información y asegurar la conservación de la documentación sobre las tierras rurales bonaerenses, especialmente tras la derogación de la ley de tierras, sancionada en 2011, por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 firmado por Javier Milei.
La Corte Suprema de Justicia ha dejado en pie el artículo del DNU que deroga la ley de tierras. La Defensoría, dirigida por Guido Lorenzino, ha alertado sobre la eliminación de los mecanismos de control y la falta de restricciones en la venta de campos a propietarios extranjeros, lo cual podría afectar el conocimiento del territorio y poner en riesgo la protección del medio ambiente en áreas con alta concentración de titularidad extranjera, como Campana y Zárate.
El Juzgado ha otorgado al Ministerio de Justicia de la Nación un plazo de cinco días para especificar hasta qué fecha se actualizaron las bases de datos y para garantizar la conservación completa de los antecedentes registrales recopilados en los últimos 15 años. Lorenzino ha afirmado que es crucial mantener el control sobre la soberanía de los recursos naturales y del suelo rural, resaltando que “proteger la información pública sobre nuestro territorio es esencial para la sustentabilidad ambiental y los derechos de las generaciones futuras”.
En su resolución, el juzgado ha indicado que la pérdida o alteración de esta información podría resultar en un daño irreversible para la planificación y el desarrollo sostenible de la Provincia. La jueza Güendalina Sessarego ha hecho lugar a la cautelar, lo que permitiría a la Defensoría del Pueblo acceder a un registro actualizado de tierras en manos extranjeras si el gobierno nacional cumple con la intimación en el plazo establecido.
La ley de tierras rurales 26.737, vigente hasta su derogación, establecía un límite del 15% para la propiedad extranjera de tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal, además de imponer restricciones según nacionalidad y titularidad. Tras la derogación de esta ley por el DNU 70/2023, la Defensoría del Pueblo ha interpuesto esta medida cautelar, que fue impulsada por la reciente decisión de la Corte Suprema de revocar el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había suspendido la derogación. Aunque la Corte no se pronunció sobre la constitucionalidad del artículo 154 del DNU, su fallo confirmó, en términos prácticos, la derogación de la ley de tierras.
Fuente: La Nación
