El Caso Casco, relacionado con la muerte del joven Franco Casco en 2014, ha dado un nuevo giro judicial tras la denuncia de tres policías de Santa Fe contra el fiscal federal Fernando Arrigo y su colega Marcelo De Giovani. Los efectivos, identificados como Walter Benítez, Guillermo Gysel y Marcelo Guerrero, argumentan presunto mal desempeño y ocultamiento de pruebas en la causa.
Las denuncias, que han sido presentadas de forma individual, cuentan con el apoyo legal de los abogados Antonela Travesaro y Rodrigo Fernando Mazzuchini. Este no es un hecho aislado, ya que en diciembre del año anterior, el comisario Diego Álvarez había hecho una denuncia similar contra Arrigo, lo que suma un total de cuatro denuncias en torno a la actuación del fiscal en este caso.
Los denunciantes critican el manejo del Ministerio Público Fiscal durante el proceso, alegando que se omitieron pruebas que favorecían a los acusados y que se mantuvo una hipótesis que contradice diversas evidencias presentadas. La controversia se intensifica tras la absolución de 19 policías y un civil por el Tribunal Oral Federal número 2 de Rosario en julio de 2023, decisión que fue posteriormente anulada por la Cámara Federal de Casación Penal en diciembre de 2024.
Según los denunciantes, la resolución de Casación fue influenciada por una presentación sesgada de las pruebas por parte de Arrigo. Un punto destacado en la denuncia es el presunto ocultamiento de videos que mostrarían a Franco Casco en Rosario después de su liberación, material que fue presentado al tribunal en diciembre de 2021 y que no había estado disponible para las defensas anteriormente.
Los policías también señalan irregularidades en la conservación de pruebas, citando un informe de mejora de imágenes que nunca fue localizado a pesar de múltiples solicitudes. Asimismo, cuestionan la gestión de fotografías de un teléfono móvil y la inclusión tardía de un informe odontológico que contradice elementos utilizados en la acusación.
Las autopsias también son objeto de controversia, ya que los denunciantes argumentan que no se encontraron lesiones traumáticas que sugirieran una muerte violenta, y mencionan la posibilidad de asfixia por sumersión. Además, critican la selección de testimonios utilizados en el juicio, destacando que se priorizaron declaraciones incriminatorias mientras que otros testimonios que podrían haber beneficiado a los acusados fueron ignorados.
Las denuncias apuntan a que Arrigo habría alterado detalles clave sobre la supuesta detención de Casco ante la Cámara de Casación, lo que, según los denunciantes, afectó el derecho de defensa. En su presentación, Benítez, Gysel y Guerrero solicitan que se evalúe la actuación de los fiscales y se consideren sanciones disciplinarias, así como la posible intervención de la Justicia si se determinan delitos.
El Caso Casco, que ha capturado la atención pública y judicial, continúa siendo un punto caliente de debate institucional sobre la administración de pruebas y la actuación de los fiscales en Argentina.
Fuente: NA
