El ex diputado José Luis Espert enfrenta un nuevo obstáculo legal en su defensa contra las acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín desestimó dos solicitudes de su defensa, lo que permite que la investigación continúe su curso.
La decisión judicial se centra en el reclamo presentado por Espert, quien cuestionó la validez de varias medidas de prueba ordenadas por el fiscal Rodolfo Domínguez. Entre los puntos impugnados se incluían acusaciones de que el fiscal había excedido sus atribuciones al llevar a cabo acciones posteriores a la indagatoria de Espert, así como la legitimidad de declaraciones testimoniales realizadas sin notificación a la defensa.
Además, la defensa de Espert había solicitado la nulidad de un pedido de informes patrimoniales que involucra a su pareja y a terceros no implicados directamente en el proceso, así como la incorporación de informes de inteligencia que la defensa no pudo revisar. También se cuestionaron los peritajes a dispositivos electrónicos secuestrados, argumentando la falta de posibilidad de designar un perito de parte.
No obstante, los jueces Néstor Pablo Barral y Alberto Agustín Lugones dictaminaron que las acciones procesales realizadas se ajustaron a la normativa vigente, sin evidenciar vicios que afecten derechos constitucionales.
Asimismo, la Cámara desestimó otro intento de la defensa para recusar al fiscal por supuesta pérdida de objetividad. En agosto pasado, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de San Isidro ya había rechazado esta solicitud, y ahora se confirma la decisión de continuar con el caso.
La investigación se centra en un pago de 200.000 dólares recibido por Espert en 2020, el cual podría estar vinculado a Federico “Fred” Machado, un empresario detenido en Estados Unidos bajo sospecha de lavado de dinero y narcotráfico. Espert ha defendido el origen de estos fondos, afirmando que correspondían a un contrato de consultoría, aunque la Fiscalía mantiene que podrían proceder de actividades ilícitas, utilizando un contrato simulado como método de blanqueo.
Fuente: NA
