El juicio oral contra diez miembros de la Policía de Chaco, acusados de abusos físicos y psicológicos hacia jóvenes de la comunidad Qom, se inició a principios de octubre y se espera que concluya a mediados de noviembre.
Los hechos, ocurridos en la madrugada del 31 de mayo de 2020 en el Barrio Banderas Argentinas, involucran denuncias por el uso ilegítimo de la fuerza y la detención arbitraria de los jóvenes. Según las denuncias, los efectivos policiales ingresaron a los domicilios de manera violenta, sin orden judicial, y utilizando tácticas agresivas que incluyeron forcejeos, empujones, golpes y amenazas con armas de fuego.
Cuatro jóvenes, incluyendo a una menor de edad, fueron detenidos durante estos incidentes. Posteriormente, se reportaron casos de tortura y malos tratos, que fueron parcialmente documentados por cámaras de seguridad de la comisaría, resultando en heridas graves para las víctimas.
Amnistía Internacional Argentina se presentó en el juicio como amicus curiae, subrayando la necesidad de investigar a fondo el caso. La organización enfatizó que es una obligación del Estado prevenir y sancionar adecuadamente los delitos de tortura y abuso, con especial atención a la situación de las comunidades indígenas.
En una entrevista, Noelia Garone, directora de Protección y Promoción de Derechos Humanos en Amnistía Internacional, ofreció detalles sobre la situación de los acusados y las víctimas. De los diez policías imputados, solo dos han sido apartados de sus funciones, mientras que los demás continúan activos en la fuerza.
Garone también comentó sobre la falta de claridad en las justificaciones dadas por los efectivos al momento de su ingreso a los domicilios, subrayando que fueron detenidos sin orden de allanamiento y bajo condiciones que generaron temor e intimidación en las víctimas.
Las víctimas han experimentado un impacto psicológico significativo. En 2021, se realizó una misión en Fontana donde se recopiló información de la familia Saravia. Las evaluaciones psicológicas indicaron que todos los jóvenes presentan estrés postraumático, recomendando un tratamiento psicológico a raíz de la violencia institucional sufrida.
Fuente: NA
