Las academias de derecho de Argentina han alzado la voz en relación con el proyecto del Gobierno que propone reformar la Ley General de Sociedades. Este proyecto, que ingresó al Senado a fines de mayo, busca implementar un régimen más flexible que incorpora figuras asociativas vinculadas a tecnologías emergentes como blockchain e inteligencia artificial.
Este martes, la Comisión de Legislación General se reunirá para continuar el debate sobre la iniciativa. En este contexto, las academias emitieron una declaración que solicita un “profundo y amplio debate” sobre la propuesta, advirtiendo que el articulado actual podría invadir la privacidad de las sociedades y sus integrantes.
Las declaraciones están respaldadas por las firmas de la presidenta de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Marcela Aspell, y de Alberto Bianchi de la filial de Buenos Aires. Según el comunicado, la reforma no actualizaría la ley vigente, sino que establecería un nuevo marco legal que podría hacer obsoleta una parte significativa de la construcción jurídica desarrollada en los últimos cincuenta años.
Las academias también expresaron su preocupación por el hecho de que el texto del proyecto no fue difundido antes de su envío al Congreso, lo que ha limitado el debate en los ámbitos académicos y empresariales. Resaltaron la importancia de abordar esta cuestión, dado que impacta en la organización interna de las sociedades, así como en los derechos y responsabilidades de sus miembros.
En su declaración, enfatizaron que el debate previo es crucial, ya que el proyecto introduce cambios sustanciales en la ley vigente y contiene errores que requieren una revisión exhaustiva antes de su eventual sanción. Además, señalaron que el proyecto altera el concepto de sociedad y ciertos elementos esenciales, lo que genera dudas sobre la naturaleza de las normas propuestas.
Otro punto de preocupación es la eliminación de tipos sociales tradicionales como la sociedad colectiva y la comandita, obligando a las sociedades existentes a adaptarse a un nuevo régimen legal, lo que podría invadir su privacidad y autonomía. Las academias también criticaron las innovaciones metodológicas, sugiriendo que se han trasladado soluciones específicas a disposiciones generales, lo que podría complicar la aplicación de la ley.
Además, advirtieron que la legislación sobre sociedades anónimas, aplicable a las empresas que cotizan en bolsa, debe ser robusta para proteger a los inversores y al mercado. Las modificaciones a las normas sobre sociedades constituidas en el extranjero también fueron objeto de críticas, ya que podrían generar incertidumbre respecto a las reglas aplicables en el derecho local y potencialmente contradecir convenciones internacionales.
Finalmente, las academias coincidieron en la necesidad de actualizar la Ley General de Sociedades, pero subrayaron que una iniciativa de tal magnitud debe ser precedida por un amplio debate para alcanzar consensos sobre los cambios necesarios, asegurando así la calidad de la legislación que caracteriza al derecho argentino.
Fuente: La Nación
