Un nuevo capítulo en las investigaciones relacionadas con el entorno de la política nacional se abre tras la solicitud de allanamiento del departamento de una sindicalista que adquirió la propiedad situada debajo de la residencia de Cristina Kirchner. La compra ha generado sospechas sobre la legalidad de los fondos utilizados para su adquisición.
La solicitud fue realizada por la defensa de tres sindicalistas que impulsaron la intervención en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Dicha petición fue presentada ante el juez federal Julián Ercolini, quien dirige una investigación sobre presuntas irregularidades en la gestión de María Soledad Calle y Abel Furlán, ex titular de la UOM, por delitos que incluyen administración fraudulenta y asociación ilícita.
El abogado Yamil Castro Bianchi, representante de los gremialistas opositores Ángel Derosso y Gerardo Piva, firmó la petición que busca esclarecer el origen de los fondos utilizados para comprar el inmueble. En el documento se menciona que “se examine, como hipótesis investigativa, si parte de los fondos eventualmente provenientes de las maniobras aquí investigadas pudieron haber sido posteriormente destinados a la adquisición, administración o incorporación de bienes al patrimonio de Calle”.
La indagación se centra en un contrato firmado en febrero de 2023, que otorgó a la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), donde Calle ocupa el cargo de vicepresidenta, la administración de una parte de los fondos de la UOM. Desde entonces, la empresa retiene el 0,5% de los aportes de los trabajadores del sindicato, generando ganancias que se estiman en alrededor de $100 millones mensuales.
El patrimonio de Calle ha crecido notablemente desde la firma del contrato. En agosto de 2025, se registró la adquisición del 50% de un BMW M135 XDrive valorado en US$ 70.000, además de la compra del departamento en San José 1111 por US$ 189.000, según documentos oficiales. A pesar de las acusaciones, Calle ha negado haber realizado la compra y sostiene que se trata de una disputa sindical y de poder. Afirmó: “No tengo ninguno de los roles que se me asignan, no tengo ningún cargo en la UOM y no soy empleada de USEM”.
La investigación continúa, y Ercolini ha solicitado documentación adicional a varios organismos oficiales, incluyendo libros contables y registros bancarios correspondientes a los últimos dos años, con el fin de esclarecer la situación financiera de los implicados.
Fuente: NA
