La situación financiera de Bodega Norton ha escalado a un nuevo nivel de gravedad tras la imputación de varios de sus directivos por presuntas irregularidades financieras que han impactado a la vitivinicultura en la región de Mendoza.
Imputaciones y acusaciones de defraudación
La Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos ha decidido imputar a David Bonomi, Martín Shulz y Lorena Sánchez, todos integrantes de Bodega Norton, junto a Carlos Moyano de Acindar Pymes SGR. La acusación se centra en una maniobra de defraudación contra Cooperativa San Carlos, que, de acuerdo con la investigación, podría configurar un delito de defraudación por suscripción engañosa de documentos según el Código Penal.
Los hechos detrás de la crisis
El conflicto se origina en un acuerdo entre Cooperativa San Carlos y Bodega Norton, donde la cooperativa vendió una significativa cantidad de vino por un total de $503.250.000. Para financiar esta operación, se utilizó un préstamo del Banco Santander Río, con la cooperativa como tomadora del crédito y una cesión de deuda a favor de la entidad.
Incumplimiento y disputa legal
La obligación de Bodega Norton para cancelar el préstamo venció en septiembre de 2025, pero el pago no se realizó. La cooperativa fue informada de que Acindar había cubierto el préstamo, lo que generó una disputa sobre quién era responsable de la deuda. Mientras que la cooperativa sostiene que Acindar perdió su derecho a cobrar, Acindar argumenta que la cooperativa es la deudora principal.
Cheques y el concurso de acreedores
El caso se complica aún más con la presentación de Bodega Norton en concurso de acreedores. Según la Fiscalía, durante el periodo previo a esta presentación, Norton emitió seis cheques por un total de $955 millones con la intención de cancelar su deuda, pero los cheques fueron emitidos a nombre de la cooperativa, lo cual plantea interrogantes sobre la transparencia de la operación.
Consecuencias legales y financieras
La maniobra ha llevado a un reclamo judicial de Acindar contra Cooperativa San Carlos, lo que podría acarrear severas consecuencias financieras para esta última. La Fiscalía ha indicado que la situación perjudica patrimonialmente a la cooperativa, dado el impacto del juicio ejecutivo y las limitaciones que enfrenta ante el Banco Central.
Fuente: Info Campo
