La presidenta del bloque de senadores de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, ha iniciado una serie de reuniones con ministros provinciales de salud y funcionarios nacionales con el objetivo de alcanzar un consenso en torno al proyecto de reforma de la ley de Salud Mental. Esta reforma incluye la autorización de internaciones “involuntarias” y la consideración de las adicciones a las drogas como una enfermedad de salud mental.
Junto a la presidenta de la comisión de Salud, Ivana Arrascaeta, Bullrich llevó a cabo encuentros virtuales con los ministros de salud de varias provincias, incluyendo Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza, Corrientes, Chubut, Chaco y Jujuy. Además, tiene programadas reuniones con los ministros de salud de Salta, Santa Cruz, Río Negro, Tucumán, San Juan, San Luis, Neuquén y Misiones, así como con representantes de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Formosa, Santiago del Estero, La Pampa, Córdoba, Catamarca y La Rioja.
Bullrich subrayó la urgencia de actualizar la ley actual, que presenta dificultades concretas para intervenir de manera temprana en situaciones graves relacionadas con la salud mental, afirmando que “la salud mental no puede seguir esperando”. Su intención es “dar herramientas reales a las familias, fortalecer el trabajo interdisciplinario y permitir que el sistema pueda actuar antes de que las situaciones terminen en tragedias”.
El proyecto de reforma, enviado al Senado el 18 de abril, aún no ha logrado un acuerdo político después de dos reuniones informativas. En este contexto, Bullrich busca destrabar el proyecto mediante el diálogo con los responsables de los ministerios de Salud.
Entre las propuestas de reforma se contempla que, en los casos de internación involuntaria, se requiera la firma de dos profesionales, uno de los cuales debe ser médico y, preferentemente, psiquiatra. Además, las internaciones involuntarias solo se permitirán “ante riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros”. En situaciones excepcionales, se ampliaría el plazo de 48 horas para especificar los motivos de la decisión ante la justicia.
Otro aspecto que se evalúa es la implementación de un plan de egreso desde el diagnóstico como requisito para la internación, así como la notificación anticipada al representante legal, cónyuge conviviente, padres o hijos para coordinar las condiciones de egreso. También se propone un artículo específico sobre el consumo problemático de sustancias en menores, donde se establece que deben ser atendidos por equipos con formación infanto-juvenil.
Finalmente, se analizará la prohibición de la creación de manicomios y la internación crónica por problemas de salud mental, además de la eliminación de artículos referidos a la ley 26.827 sobre Comité de Tortura.
Fuente: NA
