Usuarios de Chilecito han reportado facturas eléctricas que oscilan entre $200.000 y $700.000, a pesar del congelamiento tarifario anunciado por el gobernador Ricardo Quintela. Esta situación ha llevado a la oposición a preparar un amparo colectivo y al sindicato ATE a convocar una movilización frente a las oficinas de EDELaR.
La diputada provincial Gabriela Rodríguez, el 29 de julio, confirmó que abogados de la Unión Cívica Radical están elaborando una presentación judicial para exigir a la distribuidora que explique los aumentos y detalle la composición de las boletas. Rodríguez mencionó haber recibido una factura de $480.000 y destacó que otros usuarios han reportado montos similares, que deberán ser verificados considerando consumos, categorías y períodos facturados.
Rodríguez subrayó que en muchos casos las boletas han duplicado o triplicado su valor, rechazando que esta diferencia se deba únicamente a un aumento en el uso de electricidad. La situación es especialmente delicada, ya que Quintela había prometido que las tarifas permanecerían congeladas hasta el 31 de agosto y que la Provincia cubriría los incrementos nacionales.
Ante esta controversia, surge la necesidad de que el Gobierno aclare si el congelamiento abarcaba todos los componentes de la factura, o si se limitaba al valor agregado de distribución, así como las posibles modificaciones derivadas del consumo, la eliminación de subsidios o la actualización de impuestos.
EDELaR, una empresa estatal, no puede presentar este conflicto como una disputa externa entre usuarios y una compañía privada. La distribuidora deberá publicar los cuadros tarifarios aplicados antes y después del anuncio, así como el costo de la energía mayorista, el valor agregado de distribución, los impuestos incluidos y el mecanismo utilizado para determinar cada categoría de subsidio.
El reclamo ha trascendido el ámbito político, ya que ATE ha organizado una marcha para el 31 de julio desde la plaza principal de Chilecito hacia las oficinas de EDELaR. La movilización ha sido notificada a la Policía para coordinar el operativo de prevención, y el gremio anticipó que exigirá respuestas sobre los montos facturados y la falta de información accesible para los usuarios.
Rodríguez también cuestionó la ausencia de un Defensor del Pueblo en La Rioja, lo que impide que los usuarios cuenten con un organismo autónomo que revise la facturación y litigue sin depender de partidos políticos o de la capacidad económica de cada afectado.
Un amparo que se encuentra en preparación no garantiza por sí mismo que las facturas sean ilegales, ya que para determinarlo será necesario analizar lecturas de medidores, períodos de consumo, subsidios, impuestos y resoluciones tarifarias. Sin embargo, la promesa de congelamiento hace que cualquier explicación general sobre la política energética nacional resulte insuficiente.
El Gobierno provincial deberá demostrar con cifras concretas cuánto ha absorbido, durante qué meses y qué porcentaje de los aumentos se ha trasladado efectivamente a los hogares. La controversia seguirá en desarrollo, con la recolección de facturas para el posible amparo y la movilización sindical programada en Chilecito. Hasta el momento, EDELaR no ha publicado un informe detallado sobre los casos denunciados.
Fuente: NA
