El conflicto que mantiene paralizados a los puertos argentinos se intensifica con cada hora que pasa, generando pérdidas multimillonarias tanto para las empresas exportadoras como para el país en general. La situación se agrava no solo por los dólares que no ingresan a través del comercio exterior, sino también por la mercadería que queda sin descargar, esencial para el funcionamiento de las compañías locales.
Esta crisis es resultado de una medida de fuerza adoptada por la Asociación de Prácticos, en respuesta a un decreto de desregulación emitido por el Gobierno nacional. Este decreto, publicado el viernes pasado, establece cambios en el servicio de practicaje y baquía que, según los profesionales del sector, les afecta negativamente. A pesar de la gravedad del conflicto, se trata de una decisión conjunta de no presentarse a trabajar, lo que complica la posibilidad de aplicar una conciliación obligatoria.
Urgente Llamado de los Agroexportadores
En este contexto, Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC), alertó sobre la crítica situación. Actualmente, más de 45 barcos se encuentran detenidos, y se estima que podrían sumarse 30 barcos más si la situación no se resuelve. Idígoras comparó la demora con un taxi que cobra entre 50.000 y 100.000 dólares por día.
CIARA-CEC destaca que este conflicto no involucra reclamos salariales y enfatiza que no son la contraparte de los prácticos, quienes brindan un servicio a las agencias marítimas. Idígoras expresó su preocupación por el impacto que esta situación tiene en la imagen de Argentina como proveedor global, advirtiendo sobre el riesgo de ser percibida como un país poco confiable en el cumplimiento de contratos de exportación.
Pérdidas Millonarias y Desvíos de Carga
Con 140 buques en espera, el sector exportador se enfrenta a pérdidas significativas, ya que algunas cargas están siendo desviadas a Brasil y Uruguay. Aunque el sector apoya la reducción de costos, Idígoras criticó la manera en que se implementó la medida oficial, señalando que no se llevó a cabo un diálogo previo con los prácticos.
Idígoras hizo un llamado a la intervención estatal para resolver la crisis, sugiriendo que la Prefectura convoque a los practicantes a una mesa de trabajo urgente para encontrar una solución que permita retomar las actividades.
Intervención de la Prefectura
La Prefectura ha comenzado a intervenir, pero su enfoque ha sido enérgico, publicando un edicto en el Boletín Oficial que amenaza a los prácticos con la aplicación del Código Penal, lo que podría acarrear hasta ocho años de prisión. A pesar de ser considerados un servicio esencial, los prácticos son contratados individualmente por las navieras y no están realizando un paro oficial, lo que les otorga la libertad de no presentarse a trabajar.
Fuente: Info Campo
