El Gobierno argentino ha decidido retirar el controvertido capítulo III del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que había sido objeto de discusión en el Senado. Sin embargo, la controversia en torno a la «extranjerización de la tierra» continúa vigente. El foco del debate se centra ahora en si se debe mantener el límite del 15% de tenencia extranjera de tierra rural o incrementarlo al 25%.
Este debate ha sido catalogado como erróneo en su premisa, ya que se enfoca en una magnitud cuantitativa, mientras que el problema real radica en el uso y manejo de la tierra. La legislación vigente en Argentina establece restricciones para el acceso a la tierra rural basándose en la nacionalidad del propietario, pero no aborda lo que este extranjero realiza con la propiedad adquirida.
Un extranjero que utiliza la tierra para actividades productivas, como la agricultura o la ganadería, es tratado de igual manera que aquel que adquiere grandes extensiones de terreno con la intención de especular. Asimismo, un argentino que realiza actividades destructivas, como el desmonte o la explotación de recursos hídricos, no es objeto de este debate, lo que plantea una clara incongruencia en el enfoque.
El proyecto gubernamental, actualmente suspendido, propone elevar el límite de tenencia extranjera y suprimir regulaciones que discriminan por nacionalidad, pero no aborda la cuestión fundamental: el uso responsable de la tierra. La única modificación que parece atender este aspecto es una cláusula que hace referencia a la Constitución y a normativas ambientales existentes.
Los conflictos territoriales actuales no se definen por la nacionalidad del propietario. Temas como el acceso al agua, la preservación de bosques y el impacto en productores locales no dependen de la nacionalidad del dueño. De hecho, la propuesta de reforma incluye un artículo que sugiere que la adquisición de tierras rurales no debe considerarse una inversión, dado que se trata de un recurso natural no renovable.
Es esencial reconsiderar el enfoque del debate, pasando de la discusión sobre nacionalidad a la funcionalidad del uso de la tierra. Esto implica establecer pautas de uso objetivas y verificables, sin importar quién sea el propietario. La verdadera soberanía sobre los recursos naturales se ejerce controlando las acciones que se realizan con ellos, y no cuestionando la procedencia del propietario.
Fuente: La Nación
