El Gobierno argentino se encuentra en proceso de implementar sanciones más severas para las empresas que colaboren con la exploración petrolera en las Islas Malvinas, a través de una modificación de la ley 26.659, que fue sancionada en 2011. Estos cambios buscan acelerar el proceso y endurecer las penas para las compañías involucradas, algunas de las cuales han sido denunciadas anteriormente pero han continuado operando en la zona sin consecuencias significativas.
La modificación de la ley también se dirige hacia los proveedores e inversores de estas empresas. Originalmente, la ley fue aprobada por unanimidad en marzo de 2011, durante el primer mandato de Cristina Kirchner, y se conoce como “Ley Pino Solanas”, en honor al cineasta y político Fernando “Pino” Solanas, quien la promovió. A pesar de que la ley ha sido aplicada en varias ocasiones, como en 2013, 2021 y 2022, no ha tenido un impacto tangible en la disuasión de inversiones.
Un ejemplo notable fue la sanción impuesta a la petrolera israelí Navitas Petroleum, que opera en el proyecto Sea Lion. A pesar de que la Cancillería argentina repudió sus operaciones y la Secretaría de Energía declaró ilegales sus actividades en la Plataforma Continental Argentina, la empresa continuó operando sin problemas. En 2021, se aplicaron sanciones a Chrysaor Holding Limited y Harbour Energy Plc, y en 2013 a Rockhopper, otra empresa relacionada con el proyecto Sea Lion.
El Gobierno argentino ha indicado que las modificaciones a la ley serán más estrictas y se espera que incluyan sanciones equitativas para proveedores e inversores de las compañías implicadas. El presidente afirmó que “los proveedores de estos proyectos recibirán las mismas penas y prohibiciones que las empresas con las que colaboran”, lo que podría limitar su capacidad de operar en el país.
Las reformas están siendo discutidas en la Secretaría Legal y Técnica, bajo la dirección de María Ibarzábal, y en la Cancillería, encabezada por Pablo Quirno. El Gobierno también ha reglamentado la Ley 26.659 para facilitar los procedimientos de sanciones, y los proyectos que se beneficien del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) deberán presentar una declaración jurada asegurando que cumplen con la normativa.
Se anticipa que el detalle de las modificaciones será presentado al Parlamento en una reunión de Gabinete o mesa política la próxima semana. Fuentes cercanas al Gobierno indicaron que esta nueva legislación buscará hacer más efectivas las sanciones y prevenir futuras operaciones ilegales en las Malvinas.
Fuente: La Nación
