El Gobierno argentino ha decidido explorar modificaciones en el apartado de discapacidad del proyecto de ley de presupuesto, tras las controversias generadas por su contenido. Fuentes del Poder Ejecutivo y del Congreso han indicado que se realizarán ajustes en las proyecciones económicas para el año 2027, aunque se espera que la Casa Rosada mantenga su postura en ciertos aspectos cuestionados.
Esta decisión busca mitigar el descontento tanto de sus aliados como de sus propios miembros debido a la falta de coordinación en este tema. El proyecto original, enviado por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, eliminaba la actualización obligatoria de las prestaciones relacionadas con discapacidad y otorgaba a las obras sociales y prepagas la potestad de establecer sus precios, lo cual no había sido discutido previamente en las mesas de diálogo político.
La situación se complicó cuando la senadora Patricia Bullrich señaló que el proyecto no contaba con el consenso necesario. A pesar de las tensiones internas, parte del Gobierno defendió la redacción inicial, argumentando que el presupuesto buscaba mantener el equilibrio fiscal promovido por el presidente Javier Milei.
En respuesta a la controversia, se llevó a cabo una reunión virtual entre el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la diputada de La Libertad Avanza, Laura Rodríguez Machado, quien lidera las conversaciones sobre discapacidad. También participó el jefe de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en un esfuerzo por redactar un texto que satisfaga a los aliados y mejore la atención a las personas con discapacidad.
El Gobierno propone que, en lugar de extender una emergencia, se establezca una legislación permanente que reemplace los mecanismos excepcionales. Este enfoque, según el oficialismo, proporcionaría un marco normativo más claro y estable para el sector privado.
Por su parte, los diputados de La Libertad Avanza que apoyan esta propuesta criticarán las intenciones del kirchnerismo de prorrogar la emergencia, enfatizando que hacerlo perpetuaría un modelo excepcional. Según una fuente del Gobierno, se está trabajando intensamente para lograr un dictamen consensuado que transite de una situación de excepcionalidad a una de permanencia.
La Casa Rosada también se enfrenta a otros debates, como la propuesta del Ministerio de Economía sobre la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otras asignaciones familiares, que dejarían de actualizarse automáticamente basándose en la inflación de los dos meses previos. A pesar de las críticas, el oficialismo no espera que esta anulación sea aprobada por los legisladores.
Por último, desde el Ministerio de Capital Humano se reafirmó el compromiso de garantizar la cobertura de las prestaciones sociales, destacando que, independientemente de la movilidad, se tiene un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para mantener la cobertura en torno al 95% de la Canasta Básica Alimentaria.
Fuente: La Nación
