Una compleja red de corrupción judicial ha sido descubierta en Rosario, centrada en la figura del exfiscal Mariano Ríos Artacho, quien presuntamente desvió 425 millones de pesos de cuentas judiciales entre 2017 y 2024. La investigación revela que buena parte de estos fondos fueron utilizados para financiar su adicción al juego, en casinos y en inversiones bursátiles.
Ríos Artacho, de 42 años, ha sido imputado por los fiscales Adrián Spelta y Carla Cerliani como el supuesto líder de una asociación ilícita. Se argumenta que mientras trabajaba en la unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), el exfiscal decidía qué cuentas judiciales podían ser vaciadas y firmaba los documentos necesarios para realizar estas transacciones.
Los fondos en cuestión, depositados judicialmente como fianzas y cauciones, debían ser protegidos por Ríos Artacho. Sin embargo, estos recursos terminaron alimentando su dependencia del juego. De acuerdo con la acusación, la operación estaba organizada de tal manera que podía sostenerse en el tiempo, con otros miembros de la organización reclutando prestanombres, retirando efectivo de los bancos y distribuyendo el dinero.
Los presuntos testaferros, que facilitaron el acceso a estos fondos, incluyen a Nahuel R., Daniel B., Bruno B., entre otros. La organización también contaba con un abogado, Emilio Barcacia, quien se encargaba de depositar efectivo para cubrir temporalmente los faltantes en momentos críticos, como antes de un juicio abreviado.
La causa se inició tras la detección de anomalías en una cuenta judicial, lo que llevó a la Unidad de Delitos Económicos a alertar a las autoridades. A partir de allí, la investigación reveló que las maniobras podrían haberse extendido desde 2017 hasta 2024. La situación escaló cuando Ríos Artacho fue detenido junto a otras ocho personas durante una serie de allanamientos realizados por la Policía Federal Argentina (PFA).
La detención fue solicitada por el fiscal Spelta, quien trabaja bajo la supervisión de la Fiscalía General dirigida por María Cecilia Vranicich. Es interesante notar que Vranicich había investigado previamente a Ríos Artacho en 2024, sugiriendo sanciones más severas que las que recibió.
El exfiscal anteriormente había enfrentado problemas disciplinarios, incluyendo una suspensión de 60 días sin goce de sueldo por mal desempeño. Este episodio estuvo relacionado con la entrega irregular de un vehículo secuestrado que terminó en manos de un comisario amigo, quien ahora enfrenta acusaciones de abuso sexual.
Además, un vehículo a nombre de Ríos Artacho fue vinculado con Juan José Raffo, un exsuboficial condenado por colaborar con la banda Los Monos. La situación plantea interrogantes sobre cómo el exfiscal tuvo conocimiento de que dicho auto figuraba en una causa federal reservada.
La imputación de Ríos Artacho se enmarca dentro de un contexto más amplio de corrupción en la provincia, donde ya son diez los fiscales o exfiscales denunciados, imputados o condenados desde la creación del MPA en 2014. Este fenómeno incluye casos notables como el del exfiscal regional Patricio Serjal, condenado a nueve años de prisión por su implicación en el juego clandestino.
La situación en el sistema judicial se ha vuelto crítica, con la Cámara Federal de Rosario ordenando auditorías en los Juzgados Federales debido a la acumulación de unas 8.000 causas paralizadas, reflejando un problema sistémico que requiere atención urgente.
Fuente: La Nación
