La educación ha sido históricamente considerada un bien público, un concepto que data de hace más de una década y que fue reafirmado en la Ley Nacional de Educación. Sin embargo, en la actualidad, este principio parece estar más distante que nunca de la realidad que enfrentan los estudiantes argentinos.
Las recientes Pruebas PISA han puesto de manifiesto un alarmante retroceso en el rendimiento educativo del país. De acuerdo a los resultados, casi 8 de cada 10 estudiantes no alcanzan los conocimientos básicos en Matemáticas, mientras que 6 de cada 10 tienen dificultades significativas en comprensión de lectura. Este descenso en las habilidades académicas no solo es preocupante, sino que también refleja una tendencia negativa que se ha mantenido desde el año 2000.
Argentina, que en el pasado lideraba la región en educación, se ha desplomado hasta ocupar el octavo lugar en América Latina, con un desempeño que refleja una caída en los puntajes promedio en Matemáticas, Ciencias y Lectura, comparado con evaluaciones anteriores. La situación se agrava al observar que el país se ubica en los últimos puestos en clima de aula y en el uso de dispositivos móviles durante las clases.
Las causas de este deterioro son multifacéticas, pero resalta la falta de un compromiso claro y sostenido por parte del gobierno federal. La implementación de leyes educativas ha sido escasa y muchas de las promesas realizadas en el pasado han quedado en el camino, dejando a la educación en un estado de abandono.
A pesar de contar con marcos normativos como la Ley 25864, que garantiza 180 días de clases, la realidad es que este compromiso no ha sido cumplido. La mayoría de las escuelas primarias aún operan con jornada simple, lo que limita el aprendizaje y el desarrollo integral de los estudiantes en comparación con otros países de la región.
El gobierno actual, aunque no es el único responsable del estado actual de la educación, ha mostrado una falta de interés en implementar políticas que aborden los problemas existentes. En este sentido, se hace evidente la necesidad de un plan educativo a largo plazo que trascienda cambios de gobierno y que involucre a la sociedad en su conjunto.
La creación de un mandato popular que establezca objetivos claros y compromisos en educación podría ser el primer paso para revertir esta crisis. En un contexto donde la tecnología y la inteligencia artificial están transformando la educación, es fundamental consultar a la sociedad sobre el tipo de educación que desea para sus hijos.
La educación no debe ser solo un tema de discusión política, sino una responsabilidad compartida entre el gobierno y la ciudadanía. La situación actual exige un esfuerzo conjunto para no solo escolarizar a los niños, sino también para mejorar la calidad de su aprendizaje y prepararlos para un futuro incierto.
Fuente: La Nación
