La Justicia Federal ha dictado el procesamiento de Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó, exfuncionarias de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (Anmat), por su participación en la comercialización de fentanilo contaminado. Este caso está vinculado a la muerte de al menos 90 personas y ha llevado a la imposición de un embargo de $500.000 millones sobre cada una de las acusadas.
El juez Ernesto Kreplak calificó a las exfuncionarias como “partícipes necesarias” del delito de adulteración de sustancias medicinales. Según el fallo, las omisiones y decisiones equivocadas de Bisio y Mantecón Fumadó durante su gestión en la Anmat fueron determinantes para permitir que el fentanilo contaminado llegara al mercado.
El procesamiento se produce en un contexto en el que la investigación penal ha demostrado que ambas exfuncionarias no solo incumplieron con los procedimientos administrativos adecuados, sino que también actuaron en connivencia con laboratorios que presentaban irregularidades en la producción. Kreplak subrayó que, en dos ocasiones, se evidenció un “insuficiente ejercicio del poder de policía sanitario”, lo que permitió que se continuara con la comercialización de fármacos contaminados.
Durante la investigación, se identificaron dos reuniones clave en las que se tomaron decisiones que comprometieron la seguridad sanitaria. En una de ellas, mantenida el 14 de enero del año pasado, no se dejó registro oficial, lo que ha suscitado mayores cuestionamientos sobre la transparencia de las acciones de las exfuncionarias. Además, Mantecón Fumadó fue señalada por haber demorado la emisión de una carta de advertencia a uno de los laboratorios implicados, lo que contraviene las normativas vigentes.
La decisión del juez también incluyó la inhibición general de bienes de las exfuncionarias y la prohibición de salir del país, aunque no se dictó prisión preventiva. La investigación ha revelado la complejidad del caso, que involucra no solo a las exfuncionarias, sino también a la estructura de poder dentro del Ministerio de Salud de la Nación, donde se ha demostrado que Bisio actuaba como un canal de transmisión de decisiones políticas.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, el juez Kreplak concluyó que no hay suficientes elementos para implicar directamente al ministro de Salud, Mario Lugones, en la cadena de decisiones que llevaron a la crisis. No obstante, se ha establecido que la responsabilidad recae en Bisio, quien tenía el deber de garantizar el cumplimiento de las normativas de la Anmat.
Fuente: La Nación
