Los gobernadores de las provincias argentinas se unieron hace un año en un reclamo ante el gobierno nacional en relación a la subejecución de fondos destinados al mantenimiento de rutas. Esta situación fue admitida recientemente por el vocero presidencial, quien indicó que gran parte de lo recaudado por el fondo fiduciario «Sistema Vial Integrado» (SisVial) se utiliza para lograr el equilibrio fiscal.
En ese momento, los mandatarios provinciales firmaron proyectos de ley para exigir el giro del porcentaje del impuesto a los combustibles que debe destinarse a la infraestructura vial. Estos proyectos contaron con el apoyo de los 23 gobernadores y el jefe de gobierno porteño, quienes lograron consensuar diferentes iniciativas.
El argumento que permitió sumar a los aliados de los libertarios fue que no estaban pidiendo que la Nación aportara recursos adicionales, sino que se redistribuyeran los ya existentes. Sin embargo, con el tiempo, la presión sobre la Casa Rosada disminuyó, a medida que se lograron acuerdos individuales y transferencias de fondos menores que, aunque útiles, no resolvieron el problema de fondo.
El proyecto de distribución del impuesto a los combustibles líquidos logró media sanción en el Senado, pero la reciente victoria legislativa del oficialismo permitió enfriar el ímpetu de los gobernadores. El eje de ambos reclamos radicaba en que la administración nacional debería repartir recursos que actualmente no distribuye.
Con la eliminación de varios fideicomisos y fondos destinados a infraestructura, las provincias podrían recibir un 57% del total recaudado, en lugar del 25% actual. Esto implicaría que la Nación dejaría de percibir un 0,08% del PIB hasta diciembre, equivalente al 0,16% anual.
En cuanto al nuevo esquema de distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), el Senado rechazó en septiembre pasado el veto del presidente Javier Milei, y la decisión final se trasladó a Diputados, donde aún no ha sido tratada.
Los gobernadores han mantenido reuniones con funcionarios de la administración anterior, buscando el cumplimiento de acuerdos firmados para el mantenimiento de rutas nacionales. Mientras algunos mandatarios, como Maximiliano Pullaro de Santa Fe y Marcelo Orrego de San Juan, avanzan en negociaciones, otros, como Martín Llaryora de Córdoba y Raúl Jalil de Catamarca, también están en conversaciones.
Recientemente se informó que el Gobierno recaudó $1,5 billones para rutas y obras viales, pero ha ejecutado apenas una cuarta parte de esos fondos, colocando más de $1 billón en plazos fijos y títulos públicos. El fondo fiduciario SisVial, creado por el decreto 976/01, fue diseñado para financiar la construcción y mantenimiento de la red vial, mientras que el fondo especial de ATN, establecido en 1988, ha dejado un remanente significativo sin distribuir cada año.
La discrecionalidad en la administración de estos fondos ha sido un tema recurrente, ya que la ley sancionada por el Congreso hace un año, que buscaba eliminar esta práctica, fue vetada por el presidente Milei. Lo no distribuido se contabiliza como ingreso de la Nación, contribuyendo así al superávit fiscal.
Fuente: La Nación
